Los ayuntamientos de Canicosa de la Sierra y Regumiel de la Sierra se incorporan a partir del 1 de agosto a la Unidad regulada Montes de Soria (UGM), solicitud que deberá ser ratificada en la Asamblea, una vez que el comité valoró positivamente la solicitud de los dos pueblos para formar parte de esta UGAM, después de haberse aprobado en sus respectivos plenos municipales.
En la jornada del 15 de junio, representantes de la Junta de Castilla y León, Fiscalía Provincial de Soria y la Guardia Civil han mantenido una reunión para poner en común cada uno de los aspectos que competen a estas instituciones en torno al problema de las prácticas ilegales y abusivas en la recolección de setas silvestres.
Han participado en este encuentro de trabajo, que se ha celebrado en la sede de la Delegación Territorial, el delegado de la Junta, Manuel López; la fiscal jefe provincial, Rita Berdonces; el teniente coronel jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de Soria, Andrés Velarde; el letrado de la Delegación Territorial, José Manuel Hernando; el jefe del Servicio Territorial de Medio Ambiente, José Antonio Lucas; la fiscal de Medio Ambiente de Soria, María García; el teniente del Seprona (Servicio de Protección de la Naturaleza), Pedro José Ruiz; y la técnico jurídico del Servicio Territorial de Medio Ambiente, Raquel Luis.
La reunión se enmarca en el impulso dado desde la Consejería de Fomento y Medio Ambiente para erradicar las prácticas ilegales y abusivas, de manera que el aprovechamiento micológico sea un recurso económico, natural, turístico y de atracción sostenible para las zonas de gran riqueza micológica de la Comunidad.
A la Consejería de Fomento y Medio Ambiente le preocupa particularmente la sostenibilidad del recurso y el que se cumplan las normas sobre aprovechamientos forestales. Por ello, como se viene haciendo en los últimos años, se siguen manteniendo reuniones con la Guardia Civil para que los agentes medioambientales de la Junta y los miembros del Seprona vigilen los montes de toda la región con la mayor eficacia posible, como así lo están demostrando en cada una de las campañas.
Como ya anunció el consejero, Juan Carlos Suárez-Quiñones, se va a intentar intervenir contra aquellos que planifican la actividad de los grupos de recolectores organizados, dirigiendo los esfuerzos a promover la aplicación de las medidas cautelares que posibilita la normativa procesal penal.
Todos los responsables hoy reunidos han manifestado su sensibilidad con esta materia y se han comprometido a seguir trabajando conjuntamente, cada uno desde el ámbito de sus funciones y competencias, con la finalidad de acabar con la ilegalidad y atender satisfactoriamente las demandas sociales procedentes de los municipios más afectados en su territorio por estas prácticas abusivas que ponen en peligro el recurso micológico.
