El Juzgado contencioso-administrativo de Soria ha dejado visto para sentencia el juicio por la denuncia presentada por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social contra el centro social de Muriel Viejo, por tener una persona atendiendo el bar al carecer de contrato laboral y no estar dado de alta.
La Inspección de Trabajo y Seguridad Social se personó hace un año en el centro social, ubicado en el bajo de la Casa Consistorial del núcleo pinariego, tras recibir una denuncia de una persona que puso en conocimiento que había un vecino que atendía el bar y no estaba dado de alta.
La posible sanción de Trabajo asciende a 17.000 euros.
El presidente de la asociación cultural San Roque, de Muriel Viejo, Rafael Álvarez, ha defendido ante el juez que el bar no es un negocio, "en un pueblo de 40 habitantes", sino un centro social que sirve para facilitar un lugar de reunión y convivencia de los vecinos.
Álvarez ha recordado que desde que está la asociación en marcha siempre ha sido un socio el que se ha ofrecido voluntariamente para "atender" el bar y abrirlo unas determinadas horas. Para el presidente de la Asociación, la situación que se sufre en Muriel, afecta también a numerosos núcleos de la provincia.
Además ha reconocido su enfado por la situación de despoblación que sufre Muriel Viejo, como muchos pueblos de la provincia, y la presentación de esta denuncia que afecta a un local que sirve como lugar de reunión y convivencia de los pocos vecinos que quedan en el pueblo."Hay que sensibilizarse con el mundo rural. No tenían que tirarnos piedras", ha señalado.
En la vista oral, la persona que se encarga de atender al bar ha reconocido que lo hace de forma voluntaria y que ha recibido alguna gratificación por su trabajo -200 a 300 euros- durante el verano, la época en la que el pueblo tiene más población.
